Durante los próximos meses el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cerrará los detalles sobre la distribución y condiciones de las ayudas hasta 2020 de la Política Agraria Común, un proceso que para SEO/BirdLife y WWF se ha desarrollado con una falta total de transparencia y sin voluntad para implicar a la sociedad civil. Además, las ONG denuncian que los miles de millones de euros que supone la PAC en nuestro país seguirán repartiéndose sin condicionantes ambientales significativos, manteniendo marginada a la agricultura más sostenible.
Desde Europa nos habían prometido una nueva Política Agraria Común (PAC) más verde y más justa. Pero los acuerdos alcanzados en las negociaciones europeas, empeorados incluso por las decisiones que se van tomando a nivel estatal, han dejado en nada esas promesas, tal y como muestra un artículo publicado hoy en la revista Science (“La reforma agrícola de la UE falla a la biodiversidad”[1]) y un documento presentado por SEO/BirdLife y WWF sobre las implicaciones de la PAC en España.
Uno de los elementos clave de la nueva PAC, los pagos verdes (conocidos como “greening”) que en teoría percibirán los agricultores por realizar prácticas beneficiosas para el medio ambiente, apenas supondrán cambios sobre la situación actual. Las ONG lamentan que, por ejemplo, sólo el 15% de los agricultores tendrán que mantener elementos que favorecen la biodiversidad en sus fincas, como setos o linderos. Algo inexplicable para las ONG, pues estas prácticas pueden ayudar a paliar la degradación de los ecosistemas agrarios, y también son beneficiosas desde el punto de vista de la productividad.
Con la reforma se han reducido los requisitos ambientales que tienen que cumplir los agricultores para recibir las ayudas de la PAC, excluyendo además normas básicas como la de protección de las aguas. Las ONG denuncian también que las administraciones han preferido mantener el injusto reparto actual de los pagos directos que favorece a las explotaciones más intensivas. Y lo que es peor, los ganaderos extensivos con pastos arbolados o arbustivos corren el riesgo de ver reducidas sus ayudas directas o incluso quedar totalmente excluidos de las mismas. Así, se les quitan las ayudas a quienes han mantenido árboles, mientras que al mismo tiempo se subvencionará la creación de dehesas, una de las grandes incoherencias en España de la nueva PAC.
En lo referente a las medidas de desarrollo rural, las ONG alertan de que gran parte de los fondos se pretenden emplear para crear nuevos regadíos, de dudosa viabilidad económica e importante impacto ambiental. Un contrasentido, pues gran parte de la superficie de riego ya existente no tiene garantizado el acceso al agua y la mitad de ríos y acuíferos en nuestro país se encuentran en mal estado de conservación.
Paralelamente, pese a la importancia de la red Natura 2000 en el medio rural español y de los compromisos ambientales del Estado, las ONG creen que no se está tomando en serio la necesidad de financiación de esta red de espacios. El mantenimiento de la adecuada actividad agraria y forestal es fundamental para la conservación de los valores naturales de esta red, básicos para nuestra calidad de vida. Según datos de la Comisión Europea, Natura 2000 aporta servicios ambientales por un valor de entre 200 y 300.000 millones de euros anuales. [2]
Hasta ahora, las negociaciones sobre la PAC en España se han realizado a puerta cerrada entre Ministerio y Comunidades Autónomas, sin la obligada participación de los agentes sociales, especialmente en cuanto a las ayudas directas. Dadas las importantes implicaciones ambientales de las decisiones que deben tomarse en España, SEO/BirdLife y WWF han hecho llegar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus propuestas para la aplicación de la nueva PAC. De nuevo, ambas ONG denuncian la falta de participación en la política pública que determina el uso de la mayor parte de nuestro territorio y los recursos naturales y que determinará el futuro de las zonas rurales.
